Don Javier Sarria Pueyo| Fiscalía Provincial de Madrid

Presentación1

Nacido en 1971. Fiscal de carrera en ejercicio, tras estar destinado en Sevilla ahora ejerce en la Fiscalía Provincial de Madrid, donde es especialista, desde 2011, en delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, además de dedicarse a la investigación y enjuiciamiento de otros delitos en general.

“Debería lograrse un contacto más directo con la víctima, pues, a veces, tendemos a trabajar mecánicamente y a olvidar que detrás de la mayoría de los delitos hay personas concretas que sufren”.

Sr. Sarria, ¿Cuál es la función que desarrolla el fiscal dentro del procedimiento judicial?

El Fiscal, en España, desarrolla múltiples funciones, no sólo en el ámbito penal, que es el más conocido. Tiene legalmente encomendado el ejercicio de la acción penal en todos los delitos perseguibles de oficio, que son la inmensa mayoría, y ahí, en efecto, es donde formulará acusación y la defenderá en juicio. Esta es la función que tiene más trascendencia pública, pero, por ceñirnos al proceso penal, tiene numerosas otras atribuciones: investiga hechos presuntamente delictivos si no existe procedimiento judicial en curso, interviene en la investigación judicial junto al Juez Instructor, interesa la adopción de las medidas cautelares más trascendentes, como la prisión provisional o la orden de protección, informa continuamente cada decisión relevante de los órganos judiciales… De todas formas, actualmente está en marcha una modificación radical de esta materia, en la que el Fiscal se hará cargo de la instrucción, es decir, la investigación y persecución de los delitos, dirigiendo para ello a la Policía Judicial. Ya veremos si llega a buen puerto, pues se trata de un propósito que lleva encima de la mesa veinticinco años y no termina de cuajar. Aparte, el Fiscal desarrolla funciones en todos los órdenes jurisdiccionales (civil, contencioso-administrativo y social), cuando están afectados los intereses de menores, incapaces o personas desvalidas, o bien derechos fundamentales. Si tuviera que describir en pocas palabras la misión del Ministerio Fiscal, diría que es, por encima de todo, el defensor de la legalidad en la Justicia.

¿Cree que víctimas y agresores están equiparados en derechos cuando entran en contacto con el Sistema de Justicia? ¿Propondría algún cambio en este sentido?

Víctimas y agresores tiene diferentes derechos, pues su posición ante la Administración de Justicia no puede equipararse. Los derechos del imputado por cualquier delito (digamos ahora imputado, posteriormente se convertirá en acusado, en su caso, y en condenado, si lo llegase a ser) están bien garantizados en nuestro derecho, ahí veo poco problema. En el caso de las víctimas, creo que deben ampliarse y potenciarse. El problema es, por una parte, que el sistema actual no está diseñado para arropar suficientemente a la víctima y, por otro, una perenne falta de medios que lo hace muy difícil. Desde la perspectiva de la Fiscalía, creo que debería lograrse un contacto más directo con la víctima, pues, a veces, tendemos a trabajar mecánicamente y a olvidar que detrás de la mayoría de los delitos hay personas concretas que sufren.

¿La justicia trata por igual a todas las víctimas de la violencia?

Evidentemente, no. Como es bien sabido, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de protección integral a las víctimas de la violencia de género supuso un cambio drástico en la materia, pues, junto a las reformas estrictamente penales, se han desarrollado ayudas económicas, psicológicas y sociales que no se reconocen sino a las víctimas de la violencia machista, pero no a otras. Por ejemplo, sólo una víctima de violencia sobre la mujer tiene derecho a ser asistida desde un primer momento por un letrado de oficio. Además, los protocolos aprobados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son muy estrictos de manera que, salvo casos muy excepcionales, tras una denuncia se produce siempre la detención del presunto agresor, cosa que no ocurre en los demás supuestos. Aunque este conjunto de medidas a veces son empleadas abusivamente por personas sin escrúpulos, no estoy en contra de ellas. Más bien me gustaría que se extendiesen a otras víctimas de otras clases de violencia que lo precisen. Pero, de nuevo, nos topamos con el problema presupuestario.

¿Qué medidas se ponen en marcha para evitar la denominada victimización secundaria, esto es, el daño psicológico que se puede producir en la víctima tras su paso por las distintas instancias judiciales?

Sólo está prevista, con carácter general, la posibilidad de evitar la confrontación visual de víctima y agresor al declarar en juicio (biombos, videoconferencia, etc.). Con los menores, sin embargo, se tiene mucho más cuidado. Hoy está generalizada la reconstitución de la prueba, a fin de evitar que tengan que acudir al juicio, en particular cuando tienen menos de doce años. En estos casos, durante la instrucción, se convoca a todas las partes, acusado, letrados, fiscal, juez y secretario judicial, quienes se constituyen en una sala. En otra sala un psicólogo formula las preguntas al menor y todo esto se graba, a fin de reproducirse en el juicio oral. Una de las medidas que yo generalizaría en caso de víctimas de delitos violentos o de naturaleza sexual sería una ayuda psicológica inmediata, durante todo el tiempo necesario. Muchas víctimas lo pasan muy mal y nadie les ayuda.

Sabemos que hay personas victimizadas que deciden no poner en conocimiento de la justicia el delito que han sufrido o están sufriendo ¿Qué le diría a esas personas que no se atreven a denunciar por miedo, temor o por desconfianza en la justicia?

Les diría que lo peor que pueden hacer es no denunciar. Consentir el delito es darlo por bueno, aceptar que lo que les ha pasado no es importante, que no pasa nada… Si el delito es esporádico, siempre les quedará la desazón de no haber denunciado, de no haber tratado que se repárasela injusticia. En los casos de violencia estructural o reiterada, la falta de denuncia no hará más que empeorar las cosas, ya que será percibida por el agresor como debilidad y esa sensación de impunidad le llevará a reiterar su conducta, seguramente de forma cada vez más grave. La Administración de Justicia hoy no es amable, es verdad, pero las personas que estamos ahí tratamos de hacer justicia de la mejor manera posible.

¿Qué le recomendaría a una persona que ha sufrido un delito? ¿Qué pasos debería seguir y qué debe tener en cuenta desde un punto de vista práctico?

Depende del delito. Una respuesta adecuada exigiría demasiado espacio. En términos generales, lo mejor es que se dirija inmediatamente a la comisaría o dependencia policial más cercana para formular denuncia –pero si no hay riesgo, es preferible que llame por teléfono y se desplace la Policía al domicilio o lugar de comisión del delito–), que no trate de deshacerse de nada relacionado con el hecho, ni cambiarse de ropa, ni lavarse. Si ha sufrido lesiones, o ha sido víctima de un delito sexual inmediatamente le acompañarán a que sea reconocido por un médico, así que su cuerpo debe permanecer intacto. Y, desde luego, que declare con exactitud, sin magnificar ni cambiar nada de lo que ha ocurrido, porque luego esas cosas pasan factura.

Por último, no podemos dejar de preguntarle ¿Qué opinión le merece la sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot?

La famosa sentencia de Estrasburgo no ha sorprendido a ningún jurista, esa es la realidad. La responsabilidad en sus consecuencias (la liberación de bastantes condenados con crímenes atroces a sus espaldas) no recae en los jueces de Estrasburgo, porque tienen razón. Pero tampoco en los jueces españoles. Recae sobre los legisladores, es decir, los políticos, que tuvieron tiempo de sobra, desde 1977 exactamente, para cambiar la legislación al respecto. Hasta 1995 no se suprimió la redención de penas por el trabajo y hasta 2003 no se amplió el tiempo máximo de cumplimiento hasta cuarenta años en ciertos casos, estableciendo que el cómputo se haría sobre la totalidad de las penas impuestas en sentencia y no sobre el máximo de cumplimiento. La llamada doctrina Parot fue un apaño que tuvo que hacer el Tribunal Supremo ante la inactividad del legislador. Pero, claro, forzó mucho la Ley, más de lo que ésta podía soportar. Pasó el filtro del Tribunal Constitucional por los pelos y porque estábamos en España, donde hay una gran sensibilidad con el tema del terrorismo. Pero llegados a Estrasburgo estaba cantado que no le iban a dar el visto bueno, como así ha ocurrido.

¿Le gustaría añadir algo más?

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para romper una lanza a favor de los trabajadores de la Justicia española. La sociedad tal vez no sea consciente de la importancia que tiene en un Estado de Derecho una buena Justicia, rápida y eficaz. Sin embargo, los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia tienen que lidiar día a día con un sistema ineficaz y anticuado y con una espantosa carencia de medios materiales y humanos. Me gustaría que los ciudadanos se paseasen por los edificios judiciales para conocer las condiciones en las que tienen que trabajar para darse cuenta de que son muchos los esfuerzos realizados por quienes sirven en la Administración de Justicia, pero los resultados son magros, porque, sencillamente, los medios, los instrumentos, las herramientas puestas a su disposición son muy pocos. De nuevo la pelota está en el tejado de nuestros representantes políticos, que son quienes pueden dotar adecuadamente a la Justicia o, por el contrario, dejarla en el estado comatoso en que se halla.


'Don Javier Sarria Pueyo| Fiscalía Provincial de Madrid' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Instituto de Psicología jurídica científica, Todos los derechos reservados,Política de protección de datos.